Hal Bernton
A principios de enero, Flor Sánchez se fue de su casa en Sunnyside, en el valle de Yakima, dejando atrás a su marido y a su hijo, quien entonces tenía seis años —ambos ciudadanos estadounidenses— para deportarse voluntariamente a Sinaloa, México.
Durante 12 años, Sánchez trabajó en los huertos de frutas del centro de Washington, como una de las miles de personas indocumentadas que siguen siendo una parte vital de la fuerza laboral en una región que produce la mayor parte de las manzanas del país.
Sánchez, de 41 años, esperaba obtener la residencia legal en Estados Unidos. Pero después de hablar con abogados, se enteró de que era poco probable debido a dos cruces fronterizos ilegales que realizó para ingresar a los Estados Unidos, lo que creó un gran obstáculo bajo la ley federal de inmigración.
El otoño pasado, la represión migratoria de la Administración Trump se extendió por el centro de Washington. Algunos trabajadores agrícolas que fueron arrestados en el centro de Washington sufrieron durante meses en un centro de detención de Tacoma donde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington ha documentado negligencia médica, alimentos inseguros y otros abusos. Temiendo un destino similar, Sánchez tomó la dolorosa decisión de irse en sus propios términos. Ella partiría de Sunnyside en un autobús con destino a Tijuana junto con su hijo mayor, aunque eso significaba un separo para su familia.
“Nunca vinieron a por mí. Pero sí vinieron a por gente cercana a mí. Gente que conocía en el trabajo, sus familiares fueron deportados.”
Sánchez forma parte de una oleada más amplia de trabajadores inmigrantes que se han deportado voluntariamente de Washington y otros estados durante el segundo año de la represión migratoria de la administración Trump. En el valle de Yakima, este éxodo, difícil de cuantificar, parece ir en aumento, ya que los agentes federales de inmigración, tras una breve disminución en las medidas de control durante el invierno, han intensificado las detenciones.
Entre quienes se han autodeportado se encuentran inmigrantes que desean evitar ser arrestados, así como familiares de inmigrantes detenidos que han accedido a regresar a sus países de origen.
“Están intentando asustar a la gente para que se vaya, y lo están consiguiendo”, dijo Danielle Surkatty, voluntaria de la Red de Respuesta a Inmigrantes de Yakima.
En su sótano, Surkatty guarda maletas donadas que cada vez reparte más a personas que optan por la autodeportación.
‘Salgan de las sombras’
Es poco probable que las presiones a las que se enfrentan estos inmigrantes indocumentados disminuyan en un futuro próximo.
Al buscar la reelección, Donald Trump prometió la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Desde que llegó a la Casa Blanca, su subjefe de gabinete para políticas, Stephen Miller, ha presionado repetidamente para que se implementen amplias medidas de control, financiadas ahora a través de un proyecto de ley de casi 70 mil millones de dólares a través de tres años, promulgado el 10 de junio, que incluye más dinero para centros de detención.
Sin embargo, las políticas de inmigración de la administración también han enfrentado una creciente oposición. Algunos republicanos piden que se centren más en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en lugar de realizar redadas generalizadas como las que el Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo durante el despliegue de agentes federales en Minnesota en el invierno.
Dicho despliegue provocó una amplia resistencia comunitaria, la cual se intensificó cuando agentes federales abatieron a tiros a dos manifestantes.
Durante una audiencia en el Senado en marzo, el senador republicano de Carolina del Norte, Tom Tillis, criticó duramente las cuotas de detención que los agentes federales estaban presionados a cumplir. Tillis reprendió a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalando que el número total de detenciones carece de importancia. “Lo que importa es la calidad. No la cantidad, sino la calidad”, declaró Tillis.
Otros republicanos apoyan una reforma migratoria más amplia. Han respaldado un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que ofrecería residencia legal, pero no la ciudadanía, a los trabajadores indocumentados que hayan estado en Estados Unidos durante al menos cinco años y no tengan antecedentes penales.
La iniciativa conocida como Dignidad Act es impulsada por la representante Maria Elvira Salazar, una republicana cubanoamericana de Miami que presentó la legislación en julio pasado junto con la representante Veronica Escobar, una demócrata de El Paso, Texas.
El proyecto de ley busca un compromiso bipartidista que incluya disposiciones para simplificar y acelerar drásticamente la tramitación de las solicitudes de asilo y exigir a los empleadores que utilicen E-Verify, un servicio federal en línea que puede confirmar si un nuevo empleado es elegible para trabajar en los Estados Unidos.
Salazar ha pedido repetidamente que el Congreso apruebe este proyecto de ley para permitir que los trabajadores indocumentados “salgan de las sombras” y sigan trabajando en empleos —como la cosecha— que son vitales para la economía estadounidense. Ha hablado sobre la importancia de mantener a las familias unidas y ha incluido disposiciones para facilitar la superación de los obstáculos que enfrentan más de 4 millones de inmigrantes indocumentados, como Flor Sánchez, que están casados con ciudadanos estadounidenses.
El proyecto de ley ha conseguido el apoyo de otros 19 copatrocinadores republicanos, entre ellos el representante saliente de Washington, Dan Newhouse, cuya familia gestiona una granja de 850 acres en Sunnyside que depende de la mano de obra inmigrante para el cultivo del lúpulo.
Hasta el momento, 20 demócratas también han respaldado el proyecto de ley.
Pero el proyecto de ley enfrenta una oposición formidable y, casi un año después de su presentación, aún no ha sido debatido en la Cámara de Representantes. Algunos demócratas de la Cámara se han opuesto a los términos del acuerdo, que solo ofrece la residencia legal. Cincuenta legisladores —entre ellos los representantes de Washington Adam Smith y Pramila Jayapal— han decidido copatrocinar una legislación alternativa propuesta por la representante Zoe Lofgren, demócrata de California, la cual ofrecería a los inmigrantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos con el paso del tiempo.
Mientras tanto, muchos republicanos del Congreso critican ese proyecto de ley, calificándolo como amnistía injustificada para quienes han infringido las leyes de inmigración. Y este grupo cuenta con un poderoso aliado en la Casa Blanca: Miller, el subjefe de gabinete, quien se ha opuesto durante mucho tiempo a otorgar cualquier estatus legal a los inmigrantes indocumentados.
Pero el proyecto de ley impulsado por Salazar ha obtenido el respaldo de decenas de asociaciones comerciales, cámaras de comercio y organizaciones religiosas. Y Salazar ha sostenido que Trump, quien en junio de 2025 dijo a los periodistas que los agricultores tienen “muy buenos trabajadores” que no deberían ser enviados de regreso a sus países de origen, eventualmente se convertirá en el "Abraham Lincoln" de la reforma migratoria y se movilizarán en torno a su proyecto de ley.
“Todavía tenemos a más de 10 millones de personas trabajando en la construcción, la hostelería, la agricultura, las lecherías, la pesca y los mataderos que no tienen documentos, pero no son delincuentes; seres humanos invisibles para el estadounidense promedio, pero sin ellos, no tendremos comida para el viernes”, dijo Salazar cuando presentó el proyecto de ley el año pasado. “Sí, rompieron la ley, pero alguien les dio trabajo porque necesitaban a esos trabajadores”.
Una innovadora en los huertos
Sánchez, antes de irse de su hogar en Sunnyside, era una de las inmigrantes que cubrían la demanda de mano de obra en el centro de Washington, donde ha habido una escasez crónica de trabajadores agrícolas en medio de la expansión de huertos y viñedos durante el siglo XXI.
Los productores han recurrido cada vez más a la contratación de trabajadores extranjeros bajo visas temporales conocidas como H-2A.
Pero muchos productores aún dependen, ya sea en parte o en su totalidad, de una mano de obra local, que se nutre en gran medida de las filas de unos 32,000 hombres y mujeres del condado de Yakima que carecen de estatus legal, según un informe de 2023 del Instituto de Política Migratoria.
Estos trabajadores, que a menudo solo pueden trabajar con la ayuda de documentación falsa, proceden en su mayoría de México, según los informes del instituto, que estiman que el número total de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos es 5.5 millones.
Sánchez se crió en el estado suroccidental de Guerrero, donde la pobreza y la violencia vinculadas al narcotráfico impulsaron a muchos a emigrar a Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Se marchó por primera vez en 2013, realizando una peligrosa travesía fronteriza a pie. Más tarde, se mudó al centro de Washington, donde encontró abundante trabajo en los huertos, ya que los agricultores ampliaron sus cultivos y optaron por plantar árboles en mayor densidad.
Se levantaba antes del amanecer para piscar cerezas en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas frescas minimizan el riesgo de que la fruta se dañe, y pasó el final del verano y el otoño cosechando manzanas. En una industria donde los hombres aún ocupan la mayoría de los puestos de liderazgo, su formidable resistencia y habilidades la ayudaron a conseguir un trabajo como jefa de equipo, supervisando a unos 24 o 30 trabajadores el otoño pasado.
Sánchez también fue una innovadora, desarrollando una nueva herramienta manual —un palo largo con unas tijeras en forma de horquilla— para ayudar a descuatar el exceso de flores y frutos jóvenes que su equipo pasaba por alto. Durante siete meses, consultó con estudiantes de ingeniería de la Universidad Estatal de Oregón para refinar y mejorar la herramienta. La colaboración fue documentada en un video de 2025 por Semillero de Ideas, una organización que ayuda a los trabajadores agrícolas a compartir sus conocimientos sobre cómo mejorar sus empleos.
En el video le preguntaron a Flor que quería para su comunidad de trabajadores agrícolas.
“Pues primero que nada es el reconocimiento de que el trabajo del field no sea menospreciado”, ella respondió. “Hay mucha gente aquí en el field que tiene mucho futuro … aquí hay muchas ideas”.
En el 2016, Sánchez regresó a México para visitar a su padre enfermo y cuidar de él.
Después, Sánchez esperaba obtener permiso para entrar legalmente a Estados Unidos mediante una solicitud de asilo en un puerto de entrada. Citó la violencia en Guerrero como motivo. Sin embargo, un funcionario federal le dijo que la violencia estaba presente en todas partes y le su solicitud fue negada, según recordó en una entrevista con RANGE. Frustrada por el rechazo y al no entender la complejidad del sistema inmigratorio, decidió cruzar la frontera por segunda vez sin autorización, a pie en el 2017.
En el verano del 2017, mientras descuataban, conoció a su esposo, Roberto Ramos. Sánchez y su hijo, Seth Jesus, se mudaron con Ramos a un modesto apartamento en Sunnyside, un pueblo del condado de Yakima con 16.000 habitantes, donde más del 80% de la población es latina y que constituye un importante centro de la comunidad de trabajadores agrícolas.
En 2019, su familia creció con el nacimiento de su hijo, Emanuel.
Ramos había inmigrado legalmente a Estados Unidos mediante un programa de visas y, posteriormente, logró obtener la ciudadanía estadounidense. Esperaba que su esposa pudiera obtener la residencia legal.
Pero cuando consultaron con abogados de inmigración durante la administración Biden, les dijeron que eso era poco probable.
Una ley de 1996 creó un obstáculo grande, porque impedía que los inmigrantes indocumentados con dos entradas ilegales obtuvieran la residencia, incluso si estaban casados con un ciudadano estadounidense.
Esa ley exigía que Sánchez abandonara Estados Unidos durante 10 años antes de solicitar la residencia legal.
“Fue entonces cuando empecé a llorar”, recuerda Sánchez.
Ramos estaba enojado y culpaba a la administración Biden. Era ciudadano estadounidense, y aun así su esposa no podía tener asegurada una vida en este país, incluso bajo el mandato de Biden, cuando más de 5.8 millones de inmigrantes entraron para solicitar asilo o ingresaron bajo programas como el permiso humanitario, que otorgaban un estatus legal temporal.
En las elecciones de 2024, incluso votó por Trump.
“En aquel momento estaba realmente enfadado”, dijo Ramos.
Una renovada sensación de temor
El segundo cruce de frontera de Sánchez, tras visitar a su padre enfermo, fue peligroso: un día de densa niebla, sirenas sonando en algún lugar cercano, probablemente de la patrulla fronteriza.
Estaba sola, con un coyote al otro lado de su teléfono celular que la guiaba y le decía que corriera en línea recta, porque no podía ver a su alrededor.
“Fue aterrador”, recordó.
El otoño pasado, sintió un renovado temor cuando el Departamento de Seguridad Nacional intensificó sus operativos en el condado de Yakima. Los agentes patrullaban las comunidades, deteniendo a personas mientras hacían compras, compraban gasolina o se dirigían al trabajo.
Para finales de 2025, los agentes federales que operaban en el condado de Yakima habían detenido a 477 personas. Esto representó la tasa de arrestos per cápita más alta de 2025 de cualquier condado en Oregón o Washington, según un análisis de la Universidad de Washington de datos del Departamento de Seguridad Nacional.
“Al ver cómo aumentaba la intensidad de las redadas, crecía mi deseo de irme”, dijo Sánchez.
A finales de diciembre, ya estaba planeando su partida. Iría con su hijo mayor, Seth Jesus, que entonces tenía 12 años y, al igual que su hermano menor, había nacido en Estados Unidos. Primero regresarían a Guerrero para visitar a su familia y luego se instalarían en el centro de Sinaloa, en la casa que su esposo había estado construyendo poco a poco como su residencia de retiro.
La Administración Trump ha ofrecido lo que el Departamento de Seguridad Nacional califica como una "oportunidad histórica" para los inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación. Según se informa, pueden recibir un vuelo gratuito a casa, así como un bono de salida de 2600 dólares pagado por los contribuyentes estadounidenses.
Sánchez afirmó desconocer noticias sobre la ayuda federal. Sin embargo, su desconfianza hacia la administración Trump es tan profunda que, incluso si lo hubiera sabido, asegura que no se habría puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional.
“¿Acaso solo lo usaban como anzuelo para luego meterte en un centro de detención?”, preguntó.
Adaptarse a los cambios
En Sunnyside, el esposo de Sánchez, Ramos, intenta adaptarse a la vida como padre soltero. Antes de las vacaciones de verano, llevaba y recogía a su hijo menor, que ahora tiene 7 años, de la escuela primaria. También se estaba recuperando de una operación de pie y no había podido trabajar en los últimos meses, pero espera ahorrar lo suficiente para visitar a su esposa.
Mientras tanto, la ausencia de Flor se hace sentir con fuerza.
Ramos dice que su hijo es como él, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Pero una noche, varios meses después de la partida de su madre, se emocionó hasta las lágrimas cuando Emanuel comenzó a abrazar un mono de peluche, fingiendo que era su mamá.
Sánchez, que ahora vive en una comunidad de Sinaloa de unas 800 personas, ha comenzado lo que ella considera una especie de exilio de una década que espera le permita algún día reunirse con su familia en los Estados Unidos.
A mediados de junio, seguía buscando trabajo. Si bien el costo de vida es menor en Sinaloa, los salarios también son drásticamente más bajos: un trabajador suele ganar menos de 25 dólares al día, en comparación con los más de 150 dólares diarios que se ganan en Yakima.
Sánchez comentó que le preocupa trabajar bajo el calor sofocante de los campos de frutas y verduras de Sinaloa, y recordó un golpe de calor que sufrió en los huertos del condado de Yakima. Por eso, está considerando un trabajo en un almacén, pero no tiene coche para visitar posibles lugares de trabajo.
Su hijo mayor, Seth Jesus, se graduó de sexto grado en julio, mientras afronta los enormes cambios que se están produciendo en su vida y en la de su familia. Sánchez dijo que su hijo se mudaría de regreso a Sunnyside.
Se siente aliviada de estar libre de la amenaza de ser encarcelada por agentes de inmigración. Pero la separación de su familia le causa un dolor profundo y duradero.
Todos los días, hace videollamadas a Sunnyside y anhela el día en que se pueda reunir con su hijo menor, Emanuel.
“Solo le pido a Dios que me dé paciencia hasta que mi esposo pueda traerlo conmigo”, dijo. “Estamos haciendo un sacrificio enorme”.
